“Empresas energéticas y grandes capitales serán los propietarios de la transición energética si no se priorizan los proyectos comunitarios”.
La oleada de grandes centrales fotovoltaicas en las zonas rurales de Mallorca, sumado a las nuevas facilidades administrativas para su creación han sobrepasado la paciencia de entidades ecologistas y agrarias. A estas alturas, se están tramitando o proyectando más de 60 centrales fotovoltaicas en suelo rústico en Mallorca. Solo las diez más grandes ocuparán 3,5 km² de terreno agrario o forestal.
Ante esta situación, Amigos de la Tierra Mallorca, la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA), GOB Mallorca, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, Extintion Rebelion, Fridays for Future y Terraferida, advierten que la urgencia de la transición hacia una energía renovable no se puede hacer a cualquier precio. Esta preocupación se extiende rápidamente dentro de los movimientos sociales y se están preparando para “movilizaciones más amplias”.
Las entidades ven inadmisible que muchas de estas iniciativas de empresas energéticas y grandes capitales, sean consideradas como “proyectos industriales estratégicos” y así consta en el procedimiento administrativo de ordenación territorial. A este malestar, se añade que el pasado miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó una norma que reduce todavía más los pocos requisitos ambientales a los cuales están sometidas, eliminando incluso la fase de participación pública.
Esta situación se está produciendo con el consentimiento de las instituciones implicadas: ayuntamientos, Consejo de Mallorca, Industria, Energía y desgraciadamente también, Agricultura. Los mismos que aseguraban que solo se aprobarían los proyectos a suelo rústico si este no era productivo. Los mismos que todavía no han aprobado la modificación del plan territorial que tiene que decir dónde y cómo se tiene que hacer la implementación según la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Cuando no hay más rumbo que cumplir con estadísticas europeas, no hay un criterio que piense por el futuro de Mallorca. Quien lo planifica son los intereses empresariales.
Las entidades volvemos a proponer medidas para garantizar una transición energética alejada de la especulación energética, adaptada en el territorio, democrática y justa.
Delicada situación de la actividad agraria
La delicada situación de la actividad agraria ya está empeorando debido a esta nueva presión. Algunos agricultores/as han tenido que dejar las tierras que cultivaban al verse desplazados por este cambio de uso.
La construcción de estas centrales supone, además de la gran ocupación
territorial un impacto en el entorno por sus requisitos: kilómetros de nuevos tendidos eléctricos, subestaciones transformadoras, etc. Ahora están en riesgo muchas fincas, que se habían salvado de la urbanización, y que hace siglos que producen alimentos. Además de ser auténticos santuarios para la flora y la fauna de la isla, en retroceso por la creciente fragmentación del territorio por urbanización.
¿Por qué se ocupa tierra fértil y zonas forestales en lugar de zonas ya urbanizadas que, además, ya tienen conexión eléctrica? Está claro: por el precio. Ahora mismo es más sencillo ocupar y modificar suelo rústico de alto valor, donde no existe ninguna regulación, que suelo industrial o urbano. Tanto el Gobierno como el Consejo se niegan a intervenir en este grave conflicto, dejando en manos de la iniciativa privada donde se tienen que instalarlas centrales, a pesar de tener subvenciones públicas extraordinarias para construirse.
El objetivo de hacer público este malestar es instar a las administraciones a garantizar una transición democrática y justa, que no solo esté al alcance de empresas energéticas y grandes capitales. Se tendría que conseguir un equilibrio entre las centrales fotovoltaicas y la potencia de las instalaciones de autoconsumo —individuales, colectivas o a través de comunidades energéticas— sobre cubiertas o suelos antropizados. Así, se reduciría la presión encima el suelo fértil. Es un propósito que el Gobierno tiene que asumir poniendo los medios – económicos, legislativos y reguladores— que sean necesarios.
Las entidades volvemos a proponer medidas para garantizar una transición energética alejada de la especulación energética, adaptada en el territorio, democrática y justa.
No podemos continuar asistiendo a la ocupación indiscriminada de suelos agrícolas con grandes centrales fotovoltaicas por parte de grandes grupos inversores que, únicamente, persiguen un interés financiero.
