Autoría: Enraíza Derechos
Artículo publicado en la Revista Ae núm.57
En los últimos años, cientos de fondos de inversión han fijado su mirada en España. Sin embargo, estos fondos no dirigen sus inversiones en el ladrillo de las grandes ciudades, sino en la compra masiva de terrenos rurales.
Este movimiento no es casual. Cultivos como el olivo, el aguacate o el pistacho, con altas rentabilidades, son un imán para estos inversores. Además, el bajo precio por hectárea, en comparación con otros países, convierte a España en un buen destino para invertir. Otro punto que tienen en cuenta para decantarse por estos activos (así es como lo ven) es el acceso a las subvenciones agrícolas de la Política Agraria Común, que representan una fuente significativa de ingresos para los propietarios de estas tierras. Además, son conscientes de que la alimentación es una necesidad básica y un valor refugio en tiempos de incertidumbre. El crecimiento de la población y las crisis climáticas, que pueden disparar los precios de los alimentos, hacen de la agricultura una apuesta segura para estos fondos.
Para ellos, el campo es solo un medio para obtener rentabilidad. Apuestan por un modelo basado en trabajadores temporales y externalizados, para ahorrar costes, generando precariedad laboral y vulneraciones de los derechos laborales. Al interesarse por la adquisición de tierras los precios de las hectáreas suben, haciendo casi imposible que los jóvenes interesados en vivir de la agricultura o la ganadería puedan acceder al sector primario. Esta combinación de precariedad laboral y dificultad para adquirir tierras obstaculiza el relevo generacional y acelera el desmantelamiento de la agricultura familiar. Además, estos fondos diversifican sus carteras con proyectos en todo el mundo, por lo que no tienen grandes inconvenientes en abandonar aquellas zonas que dejen de ser rentables, lo que podría provocar que las familias que aún viven en la España rural terminen por abandonarla, pudiendo convertirse en la puntilla final para el despoblamiento de esos territorios.
Para los fondos de inversión, el campo es solo un medio para obtener rentabilidad
Tampoco podemos pasar por alto las prácticas intensivas de la agroindustria. Unas prácticas que provocan graves daños en el medio ambiente. Nos referimos a la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, el aumento de emisiones de efecto invernadero o del acaparamiento de agua y agotamiento de acuíferos en regiones donde este recurso no es abundante. La llegada de estos actores desincentiva al resto de agricultores a adoptar prácticas sostenibles ya que se ven presionados a competir contra estos gigantes si no quieren desaparecer.
Ante este panorama, los pequeños productores no pueden competir. Una situación que agrava las, ya duras, condiciones de un sector que se encuentra atrapado entre dos gigantes más: las empresas que controlan los insumos agrícolas (cuyos precios no dejan de subir) y los grandes grupos de distribución, que dictan los precios de venta de sus productos. El resultado es claro: mientras las cifras del agro alcanzan récords históricos, miles de explotaciones tradicionales cierran. Hay más producción, pero menos explotaciones. La tierra y los beneficios se concentran en menos manos, y la brecha entre los grandes productores y el resto no hace más que crecer.
Ante este panorama, los pequeños productores no pueden competir. Una situación que agrava las, ya duras, condiciones de un sector que se encuentra atrapado entre dos gigantes más: las empresas que controlan los insumos agrícolas (cuyos precios no dejan de subir) y los grandes grupos de distribución, que dictan los precios de venta de sus productos. El resultado es claro: mientras las cifras del agro alcanzan récords históricos, miles de explotaciones tradicionales cierran. Hay más producción, pero menos explotaciones. La tierra y los beneficios se concentran en menos manos, y la brecha entre los grandes productores y el resto no hace más que crecer.
El desembarco de estos grandes fondos de inversión provoca que se esté iniciando un proceso en el que los pequeños y medianos agricultores se ven obligados a abandonar las tierras que trabajan, pasando de ser propietarios a asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias. Este modelo representa la industrialización del sector primario, llevándonos hacia un sistema alimentario donde la producción de alimentos esté controlada por unas pocas empresas. Un sistema que nos aboca a una agricultura sin agricultores.
La agricultura familiar y los pequeños y medianos productores son el corazón del medio rural. No solo mantienen vivos los pueblos, sino que garantizan la seguridad alimentaria del país. Dejar la producción en manos de fondos que solo buscan rentabilidad supone un riesgo para todos. Desde Enraíza Derechos, defendemos los principios de la soberanía alimentaria. Creemos que algo tan esencial como la alimentación no puede estar en manos de unas pocas corporaciones. Es necesario construir un sistema alimentario justo y sostenible, donde todas las personas que formamos parte de la cadena alimentaria tengamos voz y capacidad de decidir para asegurar el derecho a la alimentación, la sostenibilidad del medio ambiente y la vida del campo a largo plazo.
Tenemos dos opciones: apostar por una agricultura sostenible, con agricultores que cuiden la tierra, o permitir que el campo se convierta en un negocio controlado por grandes empresas, con trabajadores precarizados y una agricultura intensiva incompatible con el medio ambiente. Nosotras lo tenemos claro.
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