En el Tratado de Amsterdam de 1999, la igualdad de género es uno de los fundamentos de la UE, imponiendo la obligación de eliminar desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actividades.
En este sentido, la reciente estrategia de transversalización de género exige que la perspectiva de género se incluya en todas las políticas y programas, junto con acciones específicas en favor de las mujeres. Un enfoque que pretende ser transformador y cambiar las prácticas organizacionales para eliminar los prejuicios de género de las rutinas existentes.
¿Qué sucede en la Política Agrícola Común? Aún siendo la mejor dotada de las políticas de la UE, la incorporación de la perspectiva de género no fue obligatoria hasta el año 2005, y solo en el reglamento que regula el desarrollo rural.
Según el Informe 10/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la PAC, el Régimen de Pago Básico (RPB) al que se destinan más de 200.000 millones de € cada período, favorece a los propietarios de las tierras (en especial a las grandes explotaciones) y no incluye la perspectiva de género. A esto hay que sumar que, hasta la fecha, las ayudas del RPB parten de derechos históricos, con una situación histórica de herencia de tierras por parte de las mujeres prácticamente nula. ¿El resultado?: Una práctica inaccesibilidad al 60% de los fondos PAC para las mujeres.
Erróneamente, se presupone que la persona titular de la explotación es la persona productora. En el caso de las grandes explotaciones es completamente falso y tampoco se cumple en muchas de las familiares. Aunque más del 41% de la fuerza laboral agraria la forman mujeres, el 78% de la titularidad de las explotaciones en la UE la ostentan hombres y el 24% mujeres (un 2% en titularidad compartida) [1].
Las administraciones, que diseñan y gestionan las ayudas, interactúan con la persona titular, quien además es la que tiene acceso a capital para inversión, formación, asesoramiento profesional, etc. El resultado es que la mujer está muy infrarrepresentada en los programas de formación agraria, en los sindicatos agrarios y, por lo tanto, en la interlocución con quien toma las decisiones.
Por otro lado, los análisis del sector apuntan que la producción familiar es el medio más democrático de propiedad de la tierra en la UE, pero aunque estas unidades superan el 95% de las explotaciones de la UE, reciben ayudas ínfimas en comparación con las de las grandes empresas. Las producciones familiares, en las que 9 de cada 10 personas son mano de obra familiar, suelen caracterizarse por diseñar las estrategias de viabilidad de la explotación de forma conjunta en la familia, hombres y mujeres. Sin embargo, la dificultad de competir con las grandes empresas fuertemente apoyadas por fondos públicos, propicia el trabajo voluntario que recae principalmente sobre la mujer, quien también suele asumir la mayor parte de las tareas reproductivas, tanto domésticas como de la propia explotación.
A pesar de la inversión que ha supuesto la PAC en los últimos años, las desigualdades persisten, la crisis agraria se agrava y falta información fundamental para poder conocer la situación real de la mujer en el sector agrario. Las necesidades del sector tampoco se analizan diferenciadas por género, encontrándonos con situaciones tan increíbles como que herramientas y maquinaria han sido diseñadas ergonómicamente adaptadas a la anatomía de los hombres, que el efecto de los fitosanitarios sobre la salud rara vez se analiza segregado por género y que resulta muy difícil encontrar y acceder a Equipos de Protección Individual de tallas adecuadas para las mujeres.
Los intentos de transversalización de género han tendido a centrarse en síntomas de la desigualdad y no en abordar la causa. Para que ésta sea transformadora, hay que transformar el modelo. La PAC debe ser una herramienta que elimine desigualdades, redistribuya y garantice el acceso a la la tierra por parte de quien la trabaje de forma ecológica y sostenible, y acompañe a la transición agroecológica. Y para ello debe establecer metas, objetivos y plazos concretos e indicadores específicos.
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[1] Datos a fecha de la edición de esta publicación, marzo 2021.
