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El Mar Menor: por fin un ecosistema con personalidad jurídica

La Plataforma “ILP Mar Menor, Derechos para el Mar” marca un hito en la historia medioambiental consiguiendo, por primera vez en Europa, el reconocimiento de derechos a un ecosistema. Gracias a su esfuerzo y tesón en impulsar y pro- mocionar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para proporcionar Personalidad Jurídica para proteger el Mar Menor y su Cuenca, la plataforma ha cumplido su objetivo: convertirse en una ley que representa una útil herramienta de democracia ambiental para defender y restaurar el Mar Menor y catalizar la aplicación del Derecho Ambiental vigente.

Ha sido un proceso largo y difícil, que surgió desde la universidad en colaboración con la sociedad civil ya movilizada, especialmente tras la manifestación masiva de 2019 denunciando el Ecocidio y su manifestación en las anoxias masivas (muerte por falta de oxígeno). El 29 de julio de 2020, ocho personas presentaron el procedimiento de forma oficial en Madrid para conseguir las más de 500.000 firmas necesarias que pusieran en marcha el proceso y hacer frente así a uno de los mayores desastres ecológicos de Europa. En octubre, la Junta del Censo les autorizó a comenzar con las solicitudes de firmas ciudadanas y en noviembre ya tenían los pliegos sellados. Fueron más de 500 puntos de recogida de firmas entre Murcia (365, con 23 Ayuntamientos de la Región involucrados), el resto de las Comunidades Autónomas y otros países como Alemania, Francia o Finlandia. En total 640.000 apoyos.

Algo más de 2 años después -con una pandemia de por medio- el 3 de octubre de 2022, se publica en el Boletín oficial del Estado (BOE) la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca (LEPERJU), ley que entra en vigor el mismo día de su publicación. A partir de ese momento, el ecosistema del Mar Menor (la laguna y su cuenca vertiente), goza de personalidad jurídica, lo que le convierte en el instrumento más vanguardista a nivel internacional para la protección de la naturaleza. Tal y como versaen la ley, “la declaración de la personalidad jurídica del mar Menor y su cuenca permitirá una gobernanza autónoma de la laguna costera, entendida como un ecosistema merecedor de protección en sí mismo, una novedad jurídica que potencia el tratamiento dado hasta ahora: la laguna pasa de ser un mero objeto de protección, recuperación y desarrollo, a ser un sujeto inseparablemente biológico, ambiental, cultural y espiritual”. A destacar el artículo 3 de la Ley que otorga al Mar Menor 3 comisiones. Una de representantes, formada por miembros de las administraciones públicas y de la comisión promotora de la ILP, donde la sociedad civil tiene la mayoría. Otra por una comisión de seguimiento, integrada por los “guardianes y guardianas” de la laguna, entre los que se contarán representantes de los municipios ribereños, empresariales, sindicales, vecinales, de pesca, de asociaciones agrarias, ganaderas (entre ellas las ecológicas), de defensa medioambiental, de lucha por la igualdad de género y juveniles. Y, por último, el comité científico, formado por expertos independientes especializados en el estudio del Mar Menor, propuestos por las Universidades de la Región de Murcia y Alicante, por el Instituto Español de Oceanografía (Centro Oceanográfico de Murcia), por la Sociedad Ibérica de Ecología y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En definitiva, esta ley es la culminación de una iniciativa fruto de las demandas de la sociedad civil movilizada para salvar el Mar Menor. Como toda Ley, ahora en proceso de desarrollo reglamentario, habrá cuestiones debatibles para su mejora en el funcionamiento, las formas y fórmulas. Pero como todas, será una norma en constante evolución que vaya adaptándose a la realidad social. Lo importante es que de esta iniciativa también puedan beneficiarse tanto otros humedales de España (Doñana, la Albufera de Valencia o el Delta del Ebro) como las 47 iniciativas similares registradas en Europa desde 1988. Es, sin duda, un gran reto jurídico pero también una herramienta muy útil que bien desarrollada, pondrá sobre la mesa medidas y soluciones relevantes para la restauración de un ecosistema tan querido como herido. ■

REVISTA AE 49. “INCIDENCIA CLIMÁTICA EN LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS”.

OTOÑO 2022.

ISSN: 2172-3117  DL: V-2052-2010

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