A pesar de las múltiples evidencias sobre la toxicidad y persistencia de determinados fitosanitarios y herbicidas y de la existencia de alternativas productivas perfectamente viables, eficientes y rentables, no plantamos cara a los lobbies de la agroindustria para optar por una alimentación y un ambiente saludables.
La toxicidad de un pesticida es su capacidad para causar lesiones o enfermedades y puede ser aguda, si se da por una sola exposición, generalmente breve, o crónica, cuando es prolongada. La toxicidad aguda se mide como la cantidad (LD50) o concentración (LC50) necesaria para matar al 50 por ciento de los animales en una población de prueba. Cuanto menor sea el LD50 o LC50 de un producto, mayor será su toxicidad para humanos y animales. En cuanto a la toxicidad crónica, resulta más difícil determinarla en laboratorio, aunque ya se han identificado muchos efectos crónicos, como problemas en la reproducción y en el desarrollo fetal, carcinogénesis, trastornos sanguíneos y neurológicos. A ello cabe añadir que en estas pruebas no se analiza el efecto de exposición a la combinación de varios de ellos.
Pero bueno, eso, el sector agrario lo sabe de sobra, ya sea aficionado o profesional, puesto que aparece obligatoriamente en todos los manuales y cursos de aplicador de fitosanitarios, tanto en el nivel básico como en el profesional.
La sociedad en general también hemos escuchado hablar de esas toxicidades. Científicos, ONGs y profesionales de la salud alertan constantemente sobre los múltiples efectos negativos que determinados plaguicidas y herbicidas tienen sobre la salud de las personas y del planeta.
En mayo de 2020, la propia Comisión informaba al Parlamento y al Consejo sobre la poca implementación de la Directiva 2009/128/CE sobre uso sostenible de plaguicidas y la consecución de los objetivos establecidos por los Estados miembro (EM) en sus Planes de Acción. Menos de un tercio de los EM habían completado la revisión de su plan en el plazo legal de cinco años, la mayoría no habían abordado las deficiencias identificadas desde el inicio, y solo el 20% establecían objetivos para, a largo plazo, reducir riesgos e impactos del uso de plaguicidas. También ponía énfasis en el preocupante aumento de las excepciones concedidas para el uso de sustancias no autorizadas.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas Europeo, emitía su informe en el que evidenciaba que, en la UE, las ventas de sustancias activas utilizadas en productos fitosanitarios superan las 350.000 toneladas al año, unos 0,8 kg por habitante y año, siendo múltiples las vías de exposición humana a estos tóxicos: piel, boca, ojos o por inhalación o a través de los alimentos. Asimismo, denunciaba el impacto negativo de los plaguicidas sobre la calidad y la vida de los medios acuáticos y del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas, insistiendo en que estas consecuencias revierten directamente sobre la calidad de vida y salud humanas. El informe hace referencia a los estudios realizados en 63 áreas protegidas de Alemania en el que se han detectado disminuciones de la biomasa de insectos de un 75%.
¿Cuántas veces no habremos escuchado e incluso repetido la famosa frase de Albert Einstein de “Si la abeja desapareciera del planeta, al ser humano solo le quedarían 4 años de vida”? Siete de cada diez biólogos creen que la trayectoria actual hacia la extinción masiva representa una amenaza aún mayor para la humanidad que el calentamiento global que contribuye a ella.
Pero, a la vez que las evidencias en contra del uso del glifosato y otros herbicidas proliferan, su uso es falsamente defendido como algo imprescindible para el sector agrario y para asegurar la alimentación. En el caso concreto del glifosato, cuyo uso se permite en la mal llamada agricultura sostenible y de conservación, está demostrada su persistencia y toxicidad para plantas, escarabajos y humanos, además de que se les atribuyen altos niveles de carcinogénesis y disrupción endocrina y, también, celiaquía.
A pesar de que la propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce las consecuencias negativas de los plaguicidas sobre la salud, y de que el Parkinson ya se considera enfermedad laboral agraria en Francia, la doctrina del shock aplicada por el lobby de la industria sigue ganando la partida.
REVISTA AE 44.
“AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y VERDURAS. APUESTA AGROECOLÓGICA POR IMPULSAR Y DEFENDER LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA”.
VERANO 2021.
ISSN: 2172-3117 DL: V-2052-2010
