Autoría: Aina Calafat , Equipo Técnico SEAE Revista Ae 40, verano 2020.
La PAC de la que partimos
La Política Agraria Común (PAC) debe asegurar alimentación y entornos saludables para todas las personas y calidad de vida para quienes lo hacen posible con su trabajo y esfuerzo.
Sin embargo, la PAC ha condicionado los sistemas alimentarios a nivel local, europeo y global, contribuyendo principalmente a un modelo agroalimentario hegemónico, globalizado e injusto, basado en desigualdades, en competencia desleal de mercado y en la explotación ilimitada de la naturaleza finita.
Con un presupuesto anual de más de 50.000 millones de euros, la mayor parte de los fondos de la PAC se han destinado a pagos directos por superficie, favoreciendo principalmente a grandes propietarios y empresas que producen a bajo coste y aplican prácticas intensivas y agresivas a nivel productivo y comercial. Todo esto ha impedido el desarrollo sostenible de las zonas rurales, tanto a nivel económico, social como ambiental, y ha perjudicado la salud de personas, agroecosistemas y ambiente en general.
La necesidad de un cambio en el enfoque y la gobernanza
Con la reforma de la PAC para el próximo periodo, cuya primera propuesta fue presentada por la Comisión en 2018, se abría la posibilidad de un giro estratégico que por fin beneficiaría a las personas que producen alimentos, gestionan territorio y viven en el medio rural. Una PAC enfocada a dar respuesta a objetivos sociales, ambientales y económicos a través de la aplicación en cada estado miembro de un plan estratégico definido de forma participativa y justa. Sin embargo, a medida que las negociaciones han ido avanzando, se han evidenciado las presiones del sector agroindustrial y de las grandes propiedades para defender su status quo, tanto a nivel europeo como estatal.
La implicación y participación de la sociedad civil en la definición de la PAC imprescindible y urgente, ya que nuestra calidad de vida depende de la calidad ambiental, de la gobernanza y del sistema alimentario, y a eso es a lo que deben destinarse los fondos públicos, con un reparto justo y dirigido a compensar a quienes enfrentan mayores dificultades. Por este motivo, desde SEAE hemos querido aportar a todo el proceso tanto a nivel europeo como estatal. Además de las aportaciones realizadas como entidad, nos hemos integrado en la Coalición Por Otra PAC . Junto a otras 35 entidades de la sociedad civil (asociaciones de productores ecológicos, ganaderos extensivos, organizaciones de cooperación al desarrollo, de nutrición, ambientales, de consumidores y empresas), trabajamos conjunta y coordinadamente para que las políticas agrarias sean más justas y equitativas con las personas del sector agrario y del medio rural; para que se asegure el acceso a una alimentación sana, saludable y sostenible y se detenga el desperdicio alimentario; se respete el medio ambiente y se apliquen buenas prácticas agrarias. Ser parte de la Coalición nos ayuda a ampliar y mejorar la visión y tener mayor capacidad de incidencia; actuando de forma coherente desde la responsabilidad común y global para una vida sostenible en el conjunto del planeta.
Nuestras propuestas priorizan la vida y las personas, planteando un sistema agroalimentario de la UE que contribuya a los desafíos a los que se enfrentan las sociedades europeas; la renta agraria, la alimentación, la salud, la dinamización de las zonas rurales, el ambiente, el bienestar animal, la equidad, la democracia y la solidaridad. En definitiva, que los impuestos públicos sirvan para financiar la generación de beneficios públicos y no para aumentar la brecha socioeconómica reforzando a quien más tiene.
¿A quién debe beneficiar la PAC?
Para asegurar un reparto más equitativo de los fondos, resulta imprescindible que exista un techo real y justo a las ayudas y que se limite el importe máximo que puede recibir cada beneficiario, evitando la ingeniería societaria para acceder al mismo volumen de fondos e impidiendo rebajas o excepciones. Resulta insultante que una explotación pueda recibir más de 60.000 € de dinero público, incluso más de 100.000 € y más aún cuando estas grandes explotaciones apenas contribuyen a la fijación de población rural, a la mejora de las condiciones laborales en el sector agrario, ni a sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos.
Una PAC justa apoyaría a los/as pequeños/as productores/as asegurando su acceso a las ayudas incluyéndose en la definición de agricultor/a genuino/a, y además, contribuiría a reducir la brecha entre las grandes empresas del agronegocio que marcan las reglas del mercado y las explotaciones familiares, pequeñas y medianas que luchan por mantenerse en el medio rural y producir alimentos compitiendo en un mercado cuyas reglas vienen dictadas por la competencia desleal y por la producción de baja calidad alimentaria, social y ambiental.
Sin embargo, aunque el reglamento PAC establece que la definición de Agricultor Genuino “no debe excluir de la ayuda a los agricultores pluriactivos, que cultivan activamente pero que también se dedican a actividades no agrarias fuera de sus explotaciones, ya que estas múltiples actividades a menudo fortalecen el tejido socioeconómico de las zonas rurales”, una parte del sector agrario presiona para establecer exigencias elevadas en cuanto al porcentaje de renta o de Sin embargo, aunque el reglamento PAC establece que la definición de Agricultor Genuino “no debe excluir de la ayuda a los agricultores pluriactivos, que cultivan activamente pero que también se dedican a actividades no agrarias fuera de sus explotaciones, ya que estas múltiples actividades a menudo fortalecen el tejido socioeconómico de las zonas rurales”, una parte del sector agrario presiona para establecer exigencias elevadas en cuanto al porcentaje de renta o de >> ingresos mínimos procedentes de la actividad agraria. Impedir el acceso a ayudas a las explotaciones agrarias por su tamaño o porque las condiciones del entorno obligan a que sea una actividad complementaria, perjudicará a una parte muy importante y vulnerable del sector. Según datos de la Agencia Tributaria, si para ser agricultor/a genuino/a se exigiera un 25% de renta procedente de ingresos agrarios, quedarían fuera el 72% de las explotaciones registradas en España. 749.217 familias que gestionan pequeñas parcelas, diversificadas, ubicadas en zonas rurales con limitaciones naturales, con mayor vulnerabilidad, baja productividad, menos tecnificadas, etc., quedarían excluidas de ayudas, mientras otras explotaciones seguirían pudiendo percibir hasta 100.000 € anuales, o incluso más.
La actividad agraria de las pequeñas explotaciones familiares, a tiempo parcial y de autosuficiencia, resulta esencial para evitar el despoblamiento, contribuye a la economía rural y del sector agroalimentario y a la mejora de la situación de muchas familias con condiciones económicas frágiles o precarias a causa de la crisis estructural del sector agrario, empeorada por la actual crisis derivada del COVID-19. A esto hay que añadir los servicios ecosistémicos que puede aportar la producción agraria a pequeña escala con una gestión adecuada, como por ejemplo; la generación de paisaje en mosaico, la contribución a la biodiversidad y a la conservación de los suelos, la captación de CO2, la prevención de incendios, el mantenimiento de zonas de drenaje de aguas pluviales en las inmediaciones de zonas urbanas, etc.
Si se excluyen a las pequeñas explotaciones, éstas se verán forzadas a abandonar la actividad o a seguir aumentando sus deudas para poder seguir produciendo, la titularidad seguirá concentrándose en pocas manos para gestionarse a bajo coste, con condiciones laborales precarias y expoliando suelos, masas de agua y ambiente en general. En 2013, el 3,1% de las explotaciones gestionaba más de la mitad de la superficie agrícola de Europa y el 75% de las explotaciones solo cubrían el 11% de la superficie, la distribución de la tierra es aún más desigual que la riqueza en la UE.
La producción ecológica en la nueva PAC
La producción agraria ecológica es mucho más que una producción de calidad certificada y así lo reconoce la propuesta de estrategia de la “Granja a la mesa”, presentada por la Comisión el 20 de mayo. Sin embargo, la actual propuesta de reglamento europeo para la PAC no establece una forma concreta de ayuda a la producción agraria ecológica si no que deja esa decisión a los Estados Miembro aplicando el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, cada plan estratégico debería incluir un objetivo de superficie gestionada en producción ecológica y las medidas pertinentes para aumentar tanto la producción como la demanda de productos, garantizando servicios de asesoramiento orientados a la agroecología, independientes y bien financiados. Además, entre las medidas de apoyo, es imprescindible asegurar, como mínimo, el nivel de apoyo a la conversión y al mantenimiento aplicado a los/as beneficiarios/as en el período actual y reconocer su posible contribución a los diferentes ecoesquemas.
En este sentido, SEAE ha presentado propuestas sobre la producción ecológica, pero también sobre el modelo agroalimentario en general. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trabaja en la propuesta de Plan Estratégico, dónde la participación del sector ecológico solo ha sido posible mediante alegaciones a los documentos sometidos a consulta pública con plazos muy ajustados. La nueva arquitectura verde de la PAC debe acompañar a la totalidad del sector agrario en una transición a un modelo más sostenible. Por lo tanto, los Ecoesquemas introducidos como novedad en el primer pilar, deben orientarse, ser claros y ambiciosos y, en ningún caso, utilizarse para financiar el cumplimiento de la normativa horizontal; como por ejemplo el uso sostenible de fitosanitarios o una gestión adecuada de la fertilización.
La sostenibilidad del sistema alimentario es una necesidad urgente y, ahora, más que nunca, necesitamos reorientar el modelo enfocándolo a eliminar desequilibrios sociales, ambientales y de salud, ofrecer calidad de vida, ralentizar el cambio climático, eliminar intoxicaciones por agroquímicos.
Para que la PAC sirva a sus propios principios, debería ir más allá de la lógica del lucro cesante y compensar los bienes públicos, destinando a ello parte importante de su presupuesto y estableciendo indicadores claros para evaluar la consecución de los objetivos en cada estado. ■
La Coalición Por Otra PAC
La Coalición Por Otra PAC es una coalición de ganaderos y ganaderas extensivas, representantes de la producción ecológica, ONG ambientales, de desarrollo rural, y expertos en nutrición y consumo, entre otros, que bajo la visión de “alcanzar una transición agroecológica que asegure sistemas alimentarios sostenibles, justos, responsables y sanos”, las personas y entidades civiles que apoyamos esta coalición queremos conseguir una Política Agraria Común que promueva activamente esta transición agroecológica y que, por lo tanto, sea:
Justa y equitativa con las personas que se dedican a la agricultura, la ganadería y con otros habitantes del medio rural, y proporcione unas condiciones laborales que apuestan por la sostenibilidad, creando empleo en los pueblos.
Saludable de forma que asegure la accesibilidad a una alimentación sana y sostenible para el bienestar de todos.
Respetuosa con el medio ambiente, que apoye las buenas prácticas agrarias que permiten producir alimentos, preservar los recursos naturales, la agro y biodiversidad y frenar el cambio climático, y sean acordes con el bienestar animal.
Responsable a nivel mundial, que contemple el desarrollo sostenible en el conjunto del planeta.
En definitiva, desde la Coalición se trabaja de manera coordinada y desde una pluralidad de experiencias e intereses, por una nueva PAC que contribuya a la necesaria transición agroalimentaria hacia sistemas alimentarios sostenibles.
¡Y tú también puedes participar! Consulta cómo y los recursos disponibles en la nueva web de #PorOtraPAC.
Referencias:
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) – www.agroecologia.net / comunicacion@agroecologia.net
Coalición Por Otra PAC – www.porotrapac.org
