La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en abril de 2018, pedía a todas las instituciones pública políticas que apuesten por la agroecología y transformar los sistemas agroalimentarios y agrarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030.

La agroecología responde a los ODS y ayuda a atenuar los efectos del cambio climático, ambos compromisos internacionales suscritos por la UE y a los que la PAC debe contribuir.

En el Marco Financiero Plurianual, la Comisión apostaba por una PAC modernizada que apoyara la transición hacia un sector agrario plenamente sostenible y el desarrollo de zonas rurales dinámicas que proporcionen alimentos seguros y de calidad a los más de 500 millones de consumidores europeos.

Sin embargo, la Política Agraria Común está lejos de cumplir estos objetivos. Desde sus inicios en 1957, en lugar de garantizar una agricultura y ganadería integradas en el territorio, proporcionando rentas dignas, respetuosas con el medio ambiente y capaces de proporcionar una alimentación sana y suficiente respetando los principios de seguridad y soberanía alimentaria, ha priorizado la competitividad de las mercancías agrarias europeas en el mercado mundial. Sus distintas reformas han buscado ajustarse a las políticas comerciales internacionales usando el mercado mundial como condición inevitable para dirigir la política agraria, impulsando la intensificación e industrialización de la actividad agraria, condicionando las ayudas al uso de productos químicos de síntesis, semillas certificadas y el control de precios bajos. Se considera un mal necesario la desaparición de pequeñas y medianas producciones familiares y las de mayor integración en los ecosistemas (secanos y regadíos tradicionales). La PAC convierte en inviables los mercados locales y desconsidera las características específicas de producción de cada territorio. Todo debe homogeneizarse. A los nuevos países que se integran se les obliga a “modernizar su agricultura” y todo lo que no se intensifica, desaparece. 

Las ayudas no acortan la brecha entre pequeños y grandes propietarios, la agrandan proporcionando más presupuesto público a quien menos necesita. Al condicionar las ayudas a la superficie y a los pagos históricos y no a los servicios prestados a la sociedad, a la conservación del medio ambiente y a la transición ecológica, el precio de la tierra se encarece, se dificulta la incorporación de agricultores jóvenes y se aleja la producción “rentable” de la sostenibilidad. Este proceso discurre en paralelo a la concentración y verticalización del sector agrario y alimentario, desde la investigación biotecnológica a la gran distribución que, para aumentar sus beneficios, recorta los precios pagados a los agricultores convirtiéndoles en meros instrumentos de toda la cadena alimentaria.

Las medidas destinadas a la protección social o ecológica del medio rural nunca han dejado de ser secundarias, cofinanciadas, voluntarias y con un presupuesto muy limitado. En ningún momento se ha pretendido que sirvieran para acompañar la transformación de las prácticas más intensivas, proteger las prácticas agroambientales tradicionales, o incentivar la agricultura ecológica, sino para compensar rentas ante la bajada de precios.

Y se sigue obviando la vulnerabilidad al cambio climático de las regiones mediterráneas, no considerando limitaciones naturales como el régimen de lluvias o la erosión de los suelos. ■